Luego de los resultados adversos del balotaje, el oficialismo tucumano resolvió mantenerse unido en la Legislatura y conformar un espacio con 34 parlamentarios. Todavía no se definió el nombre de la bancada, pero sí que estará presidida por Roque Tobías Álvarez. La decisión se tomó luego de un encuentro que encabezaron el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, con casi una treintena de legisladores.
El taficeño indicó que todavía no se definió el nombre que tendrá la bancada (“Unión por Tucumán” es una de las posibilidades que se barajaba). Además, contó que la semana próxima se realizará el primer encuentro del bloque para definir a un vicepresidente primero, un vice segundo y un secretario. Dado que es un espacio muy grande, se analiza la posibilidad de dividir en tres los grupos de legisladores para hacer un trabajo más eficiente. Álvarez indicó que insistirá con el pedido de que las autoridades del espacio puedan acompañarlo a las reuniones de Labor Parlamentaria donde -a pesar de ser una minoría- la oposición cuenta con mayor presencia por estar muy atomizada.
Otras fuentes consultadas indicaron que no estuvieron presentes los 34 parlamentarios porque la intención era limar asperezas con aquellos que presentaban resistencias a que Álvarez presida el espacio o tenían aspiraciones a ocupar dicho espacio.
Primer debate
Luego de definir al presidente, el espacio oficialista aprovechó el encuentro para tratar los temas que se abordarán en la primera sesión ordinaria de la nueva Legislatura, la cual fue convocada para las 8.30 de mañana.
En el primer punto del orden del día figura la jura de los cinco nuevos parlamentarios que reemplazarán a aquellos que cuentan con otros cargos públicos. Así las cosas, se incorporarán formalmente a la Cámara: Nancy Bulacio (por Regino Amado, ministro de Gobierno y Justicia); Walter Daniel Herrera (por Darío Monteros, ministro del Interior); Ernesto José Gómez (por Federico Masso, ministro de Desarrollo Social); Roberto Chustek (por Gerónimo Vargas Aignasse, directivo del Enhosa); y Alejandro Matías Figueroa (por Armando Cortalezzi, secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos).
Con las 49 bancas completas, será el turno de votar -uno a uno, nominalmente- los pliegos de 30 jueces y defensores que remitió Osvaldo Jaldo a la Cámara apenas asumió como gobernador. Algunos de esos pliegos llevaban más de un año de espera en el Ejecutivo.
Los 30 postulantes obtuvieron dictamen favorable en la comisión de Peticiones y Acuerdos que preside la oficialista Carolina Vargas Aignasse. Sin embargo, cinco de ellos obtuvieron también dictamen de minoría por ciertos planteos en contra que afloraron durante las entrevistas con los candidatos: Gonzalo Javier Ortega (Juez del Colegio de Jueces Penales en el Centro Judicial Capital); Guido Martín Bulduniri (Juez del Colegio de Jueces Penales en el Centro Judicial Capital); María Felicitas Masaguer (Vocal de Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II en el Centro Judicial Capital); Guillermo Taylor (Juez del Colegio de Jueces Penales en el Centro Judicial Capital); y Gonzalo Ascárate (Juez del Colegio de Jueces Penales con Especialidad en Juzgamiento en menores de Edad del Centro Judicial Concepción).
Posteriormente se otorgará un tiempo para homenajes y manifestaciones generales, para luego votar a los legisladores que integrarán la comisión de Juicio Político, un comité sensible que en 2021 -durante la interna peronista- tomó protagonismo por la destitución de dos jueces. Mansilla, Aldo Salomón (vice primero de la Cámara) Mario Leito y José Orellana son algunos de los nombres que sonaban para representar al oficialismo. Mientras que por la oposición se especulaba con la participación del bussista Eduardo Verón Guerra y del alfarista Walter Berarducci.
El último punto a debatir en esta primera sesión será brindar la anuencia al DNU que firmó Jaldo para reestructurar el Poder Ejecutivo y fusionar oficinas como los ministerios de Producción con el de Hacienda y Presupuesto, en busca de reducir el gasto público y eficientizar el uso de recursos del Estado.